Escribo este post en respuesta a ciertos artículos que se escriben a raíz de la sentencia favorable a la profesora de religión que no se le renovó en su puesto de profesora de religión pienso que se equivocan en el fondo de su razonamiento a la hora de defender la denuncia de los Acuerdos Iglesia Estado y pensar que la útima responsable es la Iglesia.
Alguno se sorprende que la sentencia señale que el último responsable sea la Administración, por supuesto es así, es ella la que contrata y la gran pelea de los sindicatos y profesores de religión es que así sea. Son muchos años los que llevan peleando los profesores de religión para que se les reconozca administrativamente su labor de profesores para poder gozar de los beneficios que tienen los demás profesores. Y la gran lucha que han realizado es para que sea la administración quien les contrate.
En segundo lugar presenta la diócesis a los "idóneos" para desempeñar el oficio de profesores de religión pero la baremación de los currículum de dichos profesores la hace la administración con el consenso de los sindicatos el problema es que ni unos ni otros saben baremar un profesor de religión pues dan más puntuación al que tiene una licencia en biología y un máster de contenido religioso o simplemente antropológico que a quien tiene una licencia de teología, y no hablo de memoria sino que me remito a la última baremación realizada en el mes de abril. Ellos deciden que profesores impartirán las clases no el Vicario de enseñanza de las diócesis;
En tercer lugar los acuerdos Iglesia Estado son acuerdos entre dos Estados no la firma realizada en un café por tanto no se pueden denunciar tan a la ligera, porque en esos acuerdos no sólo se encuentra el derecho a presentar profesores sino también la obligación del Estado español en conformidad con la Constitución en su art. 27 a defender el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme su creencia e ideología, la posibilidad de elegir el centro donde quieren que sus hijos estudien, sin olvidar que el Estado tiene la obligación de cuidar que existan centros que con tal fin colaboren con la enseñanza pública por medio de conciertos. Si bien una de las grandes trabas que sigue imponiendo la administración es la de tratar equitativamente y en el mismo nivel al profesorado, no solo de religión, de los centros concertados que a los de la enseñanza pública.
Se necesita una profesionalización del profesorado de religión, y en ello debe entrar tanto la equiparación con el resto del profesorado como la necesidad de obligar al profesorado a prepararse seriamente para impartir una materia al igual que se le exige al de matemáticas o inglés.
Creo que el problema del profesorado de religión va más allá que una mera denuncia de los Acuerdos Iglesia-Estado.
Alguno se sorprende que la sentencia señale que el último responsable sea la Administración, por supuesto es así, es ella la que contrata y la gran pelea de los sindicatos y profesores de religión es que así sea. Son muchos años los que llevan peleando los profesores de religión para que se les reconozca administrativamente su labor de profesores para poder gozar de los beneficios que tienen los demás profesores. Y la gran lucha que han realizado es para que sea la administración quien les contrate.
En segundo lugar presenta la diócesis a los "idóneos" para desempeñar el oficio de profesores de religión pero la baremación de los currículum de dichos profesores la hace la administración con el consenso de los sindicatos el problema es que ni unos ni otros saben baremar un profesor de religión pues dan más puntuación al que tiene una licencia en biología y un máster de contenido religioso o simplemente antropológico que a quien tiene una licencia de teología, y no hablo de memoria sino que me remito a la última baremación realizada en el mes de abril. Ellos deciden que profesores impartirán las clases no el Vicario de enseñanza de las diócesis;
En tercer lugar los acuerdos Iglesia Estado son acuerdos entre dos Estados no la firma realizada en un café por tanto no se pueden denunciar tan a la ligera, porque en esos acuerdos no sólo se encuentra el derecho a presentar profesores sino también la obligación del Estado español en conformidad con la Constitución en su art. 27 a defender el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme su creencia e ideología, la posibilidad de elegir el centro donde quieren que sus hijos estudien, sin olvidar que el Estado tiene la obligación de cuidar que existan centros que con tal fin colaboren con la enseñanza pública por medio de conciertos. Si bien una de las grandes trabas que sigue imponiendo la administración es la de tratar equitativamente y en el mismo nivel al profesorado, no solo de religión, de los centros concertados que a los de la enseñanza pública.
Se necesita una profesionalización del profesorado de religión, y en ello debe entrar tanto la equiparación con el resto del profesorado como la necesidad de obligar al profesorado a prepararse seriamente para impartir una materia al igual que se le exige al de matemáticas o inglés.
Creo que el problema del profesorado de religión va más allá que una mera denuncia de los Acuerdos Iglesia-Estado.
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